Elementos de granaderos retiraron un bloqueo instalado por un grupo de manifestantes en la carretera México-Laredo, quienes expresaron su rechazo a la construcción de un albergue para migrantes en la zona. Los inconformes argumentan que los 54 millones de pesos destinados al proyecto deberían emplearse en obras prioritarias para atender las necesidades de la población local.
El desalojo ocurrió luego de varias horas de negociación fallida entre autoridades y manifestantes, quienes mantenían cerrada la circulación, generando importantes afectaciones al tránsito vehicular en esta importante vía de comunicación.
Las demandas de la comunidad
Los manifestantes señalaron que su principal preocupación es que los recursos asignados al albergue podrían haberse destinado a la mejora de infraestructura básica, como el suministro de agua potable, rehabilitación de caminos y atención a escuelas.
“No estamos en contra de los migrantes, pero nuestras comunidades también tienen necesidades urgentes. Queremos que el gobierno nos escuche”, declaró uno de los líderes del movimiento.
La postura de las autoridades
Por su parte, las autoridades locales defendieron la construcción del albergue, argumentando que es una medida necesaria ante la creciente llegada de migrantes en tránsito por el país. También aseguraron que la inversión está respaldada por un análisis de necesidades y forma parte de una estrategia integral para gestionar la crisis migratoria.
El proyecto contempla la edificación de un espacio con servicios básicos, atención médica y áreas de descanso para los migrantes, con el objetivo de garantizar condiciones mínimas de dignidad y seguridad para esta población vulnerable.
Tensiones en aumento
El conflicto refleja las tensiones crecientes en diversas comunidades afectadas por la crisis migratoria en México, donde la llegada de personas en tránsito genera presiones sobre los recursos locales y desencadena resistencias sociales.
Analistas señalan que es necesario equilibrar las necesidades de las comunidades locales con las obligaciones humanitarias del país, así como mejorar los canales de comunicación entre autoridades y ciudadanos para evitar este tipo de enfrentamientos.
