El incremento a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) ha generado una fuerte polémica en Colombia, especialmente ante las críticas por la crisis económica que enfrentan las Empresas Promotoras de Salud (EPS) para cubrir los gastos médicos de los colombianos. Este aumento se ha visto acompañado de cuestionamientos sobre la veracidad de los datos presentados por las EPS para justificar una mayor alza en la UPC.
En medio de la controversia, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció el 15 de enero la contratación de una auditoría internacional para esclarecer el manejo de los recursos públicos destinados al sistema de salud en el país. La medida responde a la falta de resultados concluyentes por parte de los organismos de control nacionales como la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría, que han llevado a cabo investigaciones sobre el destino de los fondos asignados al sector.
“Por esta razón, el doctor Rubiano, el presidente y el Ministerio hemos decidido solicitar la contratación de una auditoría internacional, en este caso una auditoría forense, para determinar el destino de muchos de los recursos del sector salud”, indicó el ministro Jaramillo.
Este anuncio se produce en medio de la creciente presión pública sobre la transparencia en el manejo de los recursos de salud y la sostenibilidad del sistema, en un contexto donde las EPS enfrentan serias dificultades para garantizar la cobertura adecuada a los usuarios.
