El año 2026 comenzó en Jalisco con una deuda evidente en materia de transparencia municipal: numerosos ayuntamientos no transmitieron en vivo sus primeras sesiones de Cabildo y, en muchos casos, ni siquiera publicaron posteriormente los videos o registros completos de las reuniones donde se toman decisiones clave para la ciudadanía.
La situación va más allá de un retraso administrativo. En varios municipios, la única información difundida ha sido un breve comunicado oficial que se limita a informar que “se llevó a cabo la sesión de Cabildo”, sin detallar qué se discutió, quién votó, qué acuerdos se aprobaron ni qué argumentos se expusieron durante las sesiones.
Se trata de una práctica que contradice directamente la obligación legal de garantizar que las sesiones del órgano máximo de gobierno municipal sean públicas y accesibles. No es un tema menor: en Cabildo se deciden presupuestos, obras, reglamentos, licencias, cambios de uso de suelo y políticas públicas que afectan la vida cotidiana de miles de personas.
El inicio del año suele marcar la ruta política y presupuestal de los municipios. Son sesiones donde se definen prioridades, ajustes administrativos, programas y gastos. Sin embargo, en 2026, una parte importante de estas decisiones comenzó sin testigos.
El patrón se repite: ayuntamientos que no transmiten, otros que prometen subir el video después y nunca lo publican, y algunos que sustituyen la rendición de cuentas con comunicados breves que no permiten conocer el fondo de las discusiones. En la práctica, la ciudadanía queda fuera del proceso de toma de decisiones.
La opacidad no es accidental. Impide conocer cómo votan regidores y alcaldes, evita el escrutinio público sobre el uso de recursos y debilita el derecho ciudadano a la información. La falta de transmisión convierte a las sesiones en espacios de baja vigilancia social, justo donde deberían existir mayores estándares de apertura.
La legislación estatal establece con claridad que las sesiones deben ser públicas y accesibles, y que la difusión digital es una herramienta clave para garantizar ese acceso. El incumplimiento puede derivar en procedimientos por responsabilidades administrativas, amonestaciones públicas y sanciones económicas para los funcionarios responsables, especialmente cuando la omisión es reiterada.
A pesar de ello, el arranque de 2026 muestra que la obligación sigue tratándose como opcional. Mientras los ciudadanos enfrentan obligaciones fiscales y administrativas cada vez más estrictas, varios gobiernos municipales comenzaron el año sin cumplir uno de los principios más básicos del gobierno abierto.
La falta de transmisión de Cabildos no es un detalle técnico ni un error menor: es un síntoma de la distancia entre la ley y la práctica. Y mientras las sesiones continúen realizándose sin cámaras, sin registro completo y sin información detallada, las decisiones que impactan a miles de jaliscienses seguirán tomándose lejos de la mirada pública.
