Ciudad de México.– La reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum no logró avanzar en el Congreso y terminó por convertirse en uno de los primeros tropiezos legislativos de su administración.
La iniciativa buscaba modificar la Constitución para reducir costos del sistema político mexicano, incluyendo cambios en el Congreso de la Unión. Sin embargo, al no alcanzar la mayoría calificada necesaria, el proyecto quedó descartado.
Ahora, el gobierno federal plantea un “Plan B”, una ruta alternativa que mantiene el discurso de austeridad política, pero con un enfoque que ha generado críticas: recortar estructuras en los municipios mientras el Congreso y el Senado permanecen intactos.
La reforma electoral que fracasó
La propuesta original pretendía realizar cambios estructurales en el sistema político nacional. Entre los puntos más relevantes estaban:
- Reducir el número de senadores.
- Ajustar la representación proporcional en el Congreso.
- Recortar alrededor de 25 % del gasto electoral, incluyendo financiamiento a partidos y organismos electorales.
- Modificar reglas del sistema electoral y del funcionamiento legislativo.
El argumento central era abaratar la democracia y reducir el tamaño de la clase política.
Pero la reforma no consiguió los votos necesarios para modificar la Constitución, lo que obligó al gobierno a replantear la estrategia.
El Plan B: recortes en municipios
Tras el fracaso legislativo, el gobierno anunció un Plan B que se enfocaría en cambios a leyes secundarias.
Entre las medidas planteadas destacan:
- Reducir el número de regidores en los ayuntamientos.
- Limitar el presupuesto de congresos estatales.
- Promover consultas ciudadanas sobre temas políticos.
El objetivo declarado sigue siendo disminuir el gasto político.
La contradicción política
Sin embargo, la nueva propuesta ha abierto un debate: si la intención es reducir el costo de la política, ¿por qué el ajuste recae principalmente en los municipios y no en el Congreso federal?
Mientras la reforma original planteaba cambios en la estructura del Senado y la Cámara de Diputados, el Plan B deja intactos esos espacios y centra los recortes en el nivel municipal.
Para analistas y actores políticos, esto resulta incongruente, ya que:
- Los municipios representan el nivel de gobierno más cercano a la población.
- Son también los que operan con menores presupuestos frente al poder legislativo federal.
- Reducir regidores podría debilitar la representación local, especialmente en comunidades pequeñas.
En contraste, el Congreso federal —uno de los órganos políticos más costosos del país— no sería afectado por el nuevo plan.
Un debate que apenas comienza
El fracaso de la reforma electoral dejó claro que no existe consenso político para modificar el sistema electoral mexicano.
Ahora el debate se traslada al llamado Plan B, donde la discusión no solo gira en torno al ahorro presupuestal, sino también a quién debe asumir realmente el costo de reducir la estructura política del país.
La pregunta que comienza a surgir entre especialistas es simple pero incómoda:
si la austeridad política es el objetivo, ¿por qué empezar por los municipios y no por el propio Congreso de la Unión?
