En un acto que califican como un despojo arbitrario, ilegal y violatorio de las garantías fundamentales, jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Jalisco, respaldados por su equipo legal, denunciaron ante los medios de comunicación la reducción masiva e intempestiva de sus pensiones. La medida, implementada bajo la narrativa de austeridad de la llamada Cuarta Transformación (4T), ha sepultado el sustento y la certidumbre jurídica de más de mil extrabajadores en la entidad, afectando de manera directa sus proyectos de vida y su salud en la tercera edad.
Durante una conferencia de prensa, el abogado Rubén Martínez Bocanegra, titular de la defensa técnica de los afectados, y el ingeniero Juan Carlos Aréchiga, vocero del movimiento y representante de los pensionados, expusieron que este recorte no combate «privilegios dorados», sino que confisca derechos adquiridos, irrenunciables y protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La defensa técnica detalló que el recorte opera mediante la aplicación presuntamente retroactiva de un decreto que reforma el artículo 127 constitucional, el cual pretende topar los ingresos de los jubilados al 50% del salario de la titular del Ejecutivo Federal. Sin embargo, el litigante advirtió que la CFE ejecutó esta disminución de forma fast-track, omitiendo la obligatoria modificación de las leyes secundarias que darían certeza jurídica al acto, tales como la Ley Federal del Trabajo, la Ley de la Industria Eléctrica y el propio Contrato Colectivo de Trabajo ratificado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Martínez Bocanegra fundamentó la ilegalidad de la medida señalando la transgresión directa de cuatro artículos de la Carta Magna: el artículo 1.º, relativo a la protección progresiva de los derechos humanos, donde la pensión ya posee dicha categoría patrimonial; el artículo 14, que prohíbe estrictamente la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de persona alguna; y los artículos 14 y 16, que consagran las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica. La paraestatal, acusó el litigante, vulneró el derecho de defensa de los trabajadores al plasmar de forma unilateral la leyenda «disminución que obedece al artículo 127» en los recibos de pago, sin mediar juicio ni procedimiento previo.
La gravedad del conflicto escaló al revelarse que la CFE incurrió en desacato a mandatos de la justicia federal. La defensa demostró que, pese a contar con suspensiones provisionales otorgadas por jueces federales que ordenaban explícitamente mantener el pago íntegro de las pensiones de cesantía, la directiva de la empresa ignoró las notificaciones judiciales argumentando «órdenes superiores». Ante esto, los litigantes anunciaron la promoción de incidentes por incumplimiento a una orden federal.
Por su parte, el ingeniero Juan Carlos Aréchiga desmintió la narrativa gubernamental difundida desde la tribuna presidencial, la cual tacha a los electricistas de poseer canonjías desproporcionadas. El vocero fundamentó con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que el salario real e integrado de la presidencia ronda los 267,000 pesos mensuales, por lo que fijar topes basados en cifras simuladas de 140,000 pesos constituye una mentira dolosa. Asimismo, precisó que a nivel nacional existen cerca de 97,000 familias afectadas en diversos sectores paraestatales y de la banca de desarrollo, a quienes se les han expuesto sus datos personales de manera ilegal, colocándoles «un blanco en la espalda».
Los representantes expusieron el devastador impacto inmediato que resienten los adultos mayores, cuya vida productiva de 30 años de servicio ininterrumpido fue entregada a la nación. Al verse reducidos sus ingresos en algunos casos hasta a una cuarta parte de lo estipulado por convenio —con reportes de pensiones rebajadas drásticamente a los 14,000 pesos—, el 100% de los afectados se ha visto obligado a cancelar sus seguros de gastos médicos mayores.
Esta situación se torna crítica debido al desabasto y deterioro institucional del sistema de salud pública, dejando en la indefensión a un 12% de la población afectada que padece de movilidad restringida o enfermedades crónico-degenerativas severas. La desesperación económica ha desatado crisis psicológicas generalizadas ante la imposibilidad de saldar compromisos contractuales vigentes, tales como créditos hipotecarios y automotrices, e incluso ha provocado afectaciones colaterales en demandas de pensiones alimenticias que dependían de dichos ingresos.
Finalmente, la representación legal advirtió que tras agotar los juicios de amparo en los juzgados especializados y buscar el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, elevarán el caso ante tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Alertaron que esta ofensiva financiera del gobierno federal responde a la necesidad de captar recursos de manera ilícita para financiar programas clientelares, sentando un peligroso precedente donde la propiedad privada, los contratos colectivos y la cosa juzgada han dejado de existir en México.
