Guadalajara, Jalisco.— Las investigaciones por el presunto fraude relacionado con Asesores Jurídicos Profesionales (AJP) alcanzan ya mil 826 millones 855 mil 856 pesos de afectación, con mil 332 personas señaladas como ofendidas, informó este miércoles 9 de septiembre la Fiscalía del Estado de Jalisco.
Desde el inicio de las investigaciones en 2022 y hasta la fecha, la Fiscalía ha judicializado 220 carpetas de investigación relacionadas con el caso.
El vicefiscal en Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, Manuel Alejandro Gutiérrez Bañuelos, informó que dos personas han sido vinculadas a proceso y permanecen en prisión preventiva justificada.
Además, las autoridades tienen identificadas a otras 15 personas presuntamente relacionadas con el esquema, contra quienes existen órdenes de aprehensión. Como parte de las acciones para localizarlas, se mantienen vigentes 11 alertas migratorias.
De acuerdo con las investigaciones, AJP ofrecía asesoría para invertir en bienes raíces, prometiendo a sus clientes rendimientos mensuales de entre 1 y 3 por ciento.
Sin embargo, tras las denuncias presentadas, las autoridades obtuvieron información que apunta a la posible operación de un esquema piramidal tipo Ponzi, mecanismo en el que los recursos aportados por nuevos inversionistas son utilizados para cubrir los supuestos rendimientos de participantes anteriores.
Las primeras investigaciones comenzaron entre finales de julio y principios de agosto de 2022. A partir de las denuncias, las autoridades realizaron cateos en tres inmuebles relacionados con el caso: dos oficinas de la presunta empresa y el domicilio particular de una de las personas involucradas.
La Fiscalía advirtió a la población sobre inversiones que prometen rendimientos fijos superiores a los habituales del mercado, esquemas que dependen de la incorporación de nuevos participantes o empresas que carecen de registros ante las autoridades regulatorias.
También llamó a quienes consideren haber sido afectados por AJP u otros esquemas similares a presentar una denuncia formal.
Las investigaciones continúan para localizar a las personas señaladas, ejecutar las órdenes de aprehensión pendientes y determinar las responsabilidades correspondientes.
