La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción informó que obtuvo la vinculación a proceso de Ricardo «N», servidor público adscrito al Servicio Estatal Tributario (SET), por su probable responsabilidad en diversos delitos relacionados con el ejercicio indebido de sus funciones.
De acuerdo con la investigación, el imputado, quien se desempeñaba como Auxiliar Administrativo en la oficina recaudadora del municipio de Jocotepec, presuntamente realizó modificaciones irregulares dentro del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), mediante las cuales aplicó descuentos del 100 por ciento en multas vehiculares y sus recargos, sin seguir el procedimiento legal establecido.
La carpeta de investigación inició tras una denuncia presentada por el propio Servicio Estatal Tributario, luego de detectar presuntas anomalías en la aplicación de beneficios fiscales que únicamente podían autorizarse mediante el procedimiento previsto por la normatividad vigente y dentro de los porcentajes permitidos.
Las indagatorias señalan que el servidor público habría realizado un total de 155 trámites de condonación, de los cuales 98 correspondieron a multas por infracciones y 57 a recargos relacionados con dichas sanciones.
Como consecuencia de estas acciones, la Fiscalía estima un presunto daño patrimonial al erario estatal por 976 mil 576 pesos, al beneficiar de manera indebida a diversos contribuyentes.
Además, durante las investigaciones también se detectaron presuntas irregularidades en la guarda y custodia de documentos oficiales, ya que parte de los folios que debían permanecer resguardados en la oficina recaudadora no fueron localizados.
Durante la audiencia celebrada el pasado 26 de junio, el Juez de Control resolvió vincular a proceso a Ricardo «N» por los delitos de abuso de autoridad, delitos cometidos en la guarda y custodia de documentos, así como delitos cometidos en la administración de justicia y otros ramos del poder público.
Como medidas cautelares, el juzgador impuso prisión preventiva justificada por un año y otorgó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción señaló que continuará con las investigaciones y reiteró su compromiso de perseguir los delitos cometidos por servidores públicos que afecten el patrimonio público y la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
