El Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco (ITEI) aprobó diversas sanciones contra funcionarios por incumplir con los requerimientos de información pública. Entre las medidas destacan el arresto administrativo de 12 horas, una multa de 14 mil 433 pesos y una denuncia penal contra Adilene Sandoval Rodríguez, titular de la Unidad de Transparencia del DIF municipal de Tomatlán, por acumular requerimientos sin atender desde 2022.
También se aplicaron multas a otros funcionarios, como Nadia Elvira Manzo Orozco, titular de la Unidad de Transparencia de Quitupan, y Ana Carmen Monroy Lomelí, responsable de la Unidad de Transparencia del DIF de Tecolotlán, quienes deberán pagar 15 mil 520 pesos cada una. Además, se multó al alcalde de Chiquilistlán, Álvaro González Alvarado, con 2 mil 69 pesos en tres ocasiones, junto con una amonestación. Sanciones similares recibieron el alcalde de Juchitlán, Ricardo Rangel Fletes, y el alcalde de Acatic, Marco Tulio Moya Díaz, este último con una multa y dos amonestaciones.
Once amonestaciones al alcalde de Ojuelos Marco Antonio Jasso Romo, 7 amonestaciones a Evangelina Pérez Villareal alcaldesa de San Martín de Bolaños; Rogelio Contreras Godoy alcalde de Quitupan 6 amonestaciones, 4 amonestaciones al alcalde de Teuchitlán José Ascensión Murguía Santiago; 4 amonestaciones a José Ascensión Murguía Santiago presidente municipal de Teuchitlán, con dos amonestaciones respectivamente figuran José Bladimir Arreola Álvarez alcalde de Ahualulco de Mercado y Miguel Ibarra Flores presidente municipal de Cocula.
Durante la Trigésima Primera Sesión del Pleno del ITEI, se resolvieron 259 casos, entre ellos 50 recursos de revisión y 116 determinaciones relacionadas con transparencia. El pleno también lamentó la reciente aprobación de reformas al Poder Judicial, argumentando que dichas medidas amenazan la independencia judicial y los principios fundamentales del Estado de Derecho en México.
El ITEI reafirmó la importancia de un sistema judicial autónomo, libre de presiones externas, y pidió que se respeten los límites constitucionales para garantizar la protección de los derechos humanos y libertades de todos los ciudadanos.