La conservación de la biodiversidad del planeta es esencial, y garantizar la seguridad de quienes la defienden se ha vuelto una prioridad urgente. Esto incluye a quienes habitan en territorios naturales y a aquellos que advierten sobre las amenazas que enfrentan miles de especies de flora y fauna.
Durante la Conferencia de Biodiversidad (COP15) en 2022, se aprobó la meta 22 del Marco Mundial Kunming-Montreal, que enfatiza la necesidad de la participación y representación plena de los pueblos indígenas y comunidades locales en la toma de decisiones. También se establece la importancia de asegurar la protección de los defensores de los derechos humanos ambientales, quienes enfrentan riesgos significativos.
En el contexto de la COP16, que se lleva a cabo en Cali, Colombia, los temas de justicia ambiental y derechos humanos están en el centro de las discusiones. Esto es crucial para Colombia, que enfrenta un grave problema de violencia contra defensores ambientales. Según el último informe de Global Witness, de los 196 asesinatos de defensores de la tierra, bosques y agua en 2023, 166 ocurrieron en América Latina, lo que representa el 85% de los ataques globales. Colombia lidera este triste ranking con 79 asesinatos, la cifra más alta desde que la organización comenzó su monitoreo en 2012.
Gastón Schulmeister, director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), destacó que América Latina y el Caribe, ricas en biodiversidad, enfrentan desafíos significativos en la protección de sus defensores. La región busca liderar discusiones en foros internacionales para que la protección de los derechos ambientales y la justicia se integren en la agenda global.
