El cambio en la política de Ecuador respecto al uso de armas incautadas marca un hito en la estrategia de seguridad del país, impulsada por la creciente violencia asociada al crimen organizado. Anteriormente, las armas confiscadas a bandas criminales debían ser destruidas, pero ahora, tras una reforma aprobada en referéndum en abril, las Fuerzas Armadas pueden utilizarlas, proporcionando un nuevo recurso para el combate contra el narcotráfico y otros delitos graves.
Este lunes, se realizó una ceremonia en la Base Naval San Eduardo, en Guayaquil, donde el presidente Daniel Noboa entregó formalmente estas armas a las Fuerzas Armadas. Noboa instó a los militares a emplearlas con firmeza contra “narcoterroristas” y “delincuentes”, subrayando la normativa que permite el uso progresivo y legítimo de la fuerza en Ecuador, siempre que exista una amenaza evidente.
El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, explicó que parte del armamento entregado provino de un operativo en noviembre en aguas jurisdiccionales de Ecuador en las Islas Galápagos, en el que la fuerza naval interceptó una lancha cargada de armas, incluidas 122 fusiles de asalto y 48 pistolas.
Ecuador enfrenta actualmente una tasa de homicidios per cápita de 47.2 por cada 100,000 habitantes, la más alta de Latinoamérica, una cifra alarmante que se ha multiplicado en los últimos años, en gran parte por el narcotráfico y la minería ilegal. En respuesta, el presidente Noboa ha calificado la situación como un “conflicto armado interno” y ha adoptado medidas drásticas, incluyendo la militarización de las cárceles controladas por el crimen organizado y la clasificación de las bandas como grupos terroristas. Esta nueva estrategia busca no solo mejorar la seguridad, sino también enviar un mensaje claro de determinación frente a la violencia que asola al país.
