La violencia de esta clase contra la comunidad LGBT+ en Latinoamérica ha registrado un incremento superior al 5%, un dato alarmante que refleja los desafíos persistentes en la protección de los derechos y la seguridad de las personas LGBT+ en la región. Este aumento preocupa profundamente a organizaciones defensoras de derechos humanos y a colectivos LGBT+, que advierten de los riesgos crecientes debido a la discriminación, el estigma social y la falta de políticas efectivas de prevención y justicia.
Amnistía Internacional y otros organismos han señalado que, si bien algunos países de Latinoamérica han avanzado en leyes que reconocen derechos como el matrimonio igualitario y la identidad de género, los esfuerzos no han sido suficientes para reducir la violencia contra esta comunidad. La falta de aplicación efectiva de estas leyes, así como la ausencia de protección específica y formación adecuada de los cuerpos de seguridad, contribuyen al problema.
Las víctimas de esta violencia enfrentan múltiples formas de agresión que incluyen no solo quitar vidas, sino también ataques físicos y psicológicos, que en algunos casos quedan impunes debido a una falta de respuesta judicial adecuada. Grupos de defensa recomiendan a los gobiernos adoptar políticas de protección inclusivas y programas de sensibilización para combatir los prejuicios, además de reforzar los mecanismos de denuncia y protección.
