Un desplegado dirigido a la opinión pública y autoridades de Jalisco detonó un nuevo episodio de confrontación pública en torno a un proceso judicial que involucra a la diputada local Mónica Paola Magaña Mendoza y a su esposo, Sergio Salinas Escutia.
El documento, firmado por particulares que se identifican como padres de familia y empresarios, expresa preocupación por lo que consideran una “grave distorsión del uso del poder judicial” en el estado.
Señalamientos del desplegado
En el texto se afirma que la legisladora y su esposo denunciaron un presunto fraude por una cantidad cercana a 13 millones de pesos, recursos que —según el desplegado— habrían sido entregados en efectivo sin respaldo documental ni acreditación de origen bancario.
Los firmantes sostienen que, tras la denuncia, se obtuvo “con inusual celeridad” una orden de aprehensión contra Diego Martínez Ornelas, quien permanece en prisión preventiva desde hace casi seis meses.
El desplegado cuestiona la actuación del juez décimo sexto de control del Primer Partido Judicial, señalando que la medida cautelar se mantiene pese a la supuesta falta de evidencia suficiente y a que el delito no ameritaría prisión preventiva automática.
También advierte sobre presuntas presiones indebidas, posibles “arreglos” fuera del debido proceso y tráfico de influencias, al tiempo que exige:
- Respeto irrestricto al debido proceso
- Piso parejo ante la ley
- Que el poder público no sea utilizado de forma desproporcionada
Finalmente, los firmantes responsabilizan públicamente a la diputada y a su esposo por su seguridad personal y piden a autoridades abstenerse de hostigar a sus empresas.
Respuesta de la diputada Mónica Magaña
Tras la publicación del desplegado en el periódico Mural, la diputada difundió un posicionamiento para fijar su postura.
La legisladora aclaró que la publicación corresponde a una inserción pagada por particulares, y no a un trabajo periodístico.
Sobre el monto señalado, aseguró que es incorrecto afirmar que la cifra corresponde a un agravio individual.
Explicó que se trata del monto total relacionado con diversas personas afectadas, y no exclusivamente de su caso.
La diputada sostuvo que presentar la denuncia fue su deber como ciudadana y como servidora pública, al afirmar que su familia fue afectada y que decidió acudir a las autoridades para evitar la impunidad.
Asimismo, aseguró que existen elementos que apuntan a que decenas de personas habrían sido afectadas por la misma persona denunciada.
En relación con los cuestionamientos sobre su patrimonio, la legisladora afirmó:
“Todos los recursos que he manejado a lo largo de mi vida son producto de mi trabajo y del de mi familia. He cumplido con la ley y con mis obligaciones patrimoniales. No tengo nada que ocultar”.
Indicó además que el asunto se encuentra en proceso judicial, por lo que no puede ofrecer más detalles, aunque aseguró que los tribunales locales y federales no han otorgado la razón jurídica a la contraparte.
La diputada concluyó reiterando su confianza en que el caso se resolverá en tribunales con apego a la ley.
Un caso que escala al debate público
La confrontación de posturas refleja cómo el caso ha trascendido el ámbito judicial para instalarse en el debate público, en medio de señalamientos cruzados sobre legalidad, debido proceso y posible influencia política.
